La búsqueda de acercar la acción pública del Estado Peruano a la sociedad es un camino largo del cual todavía no se aprecia el final; durante los últimos cincuenta años han gobernado diez diferentes gobiernos, los cuales han promulgado una serie de normas legales para modernizar la gestión pública sin que se haya logrado dicho objetivo; tal como lo refiere la actual norma de modernización “los esfuerzos por mejorar la gestión pública son numerosas y de topo tipo, pero no necesariamente responden a una orientación estratégica y se desarrollan de manera aislada y desarticulada. Por tanto no habrían cambiado sustantivamente el desempeño global del Estado “(Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013).

Así tenemos, que la primera norma sobre la materia se promulgó en 1962 con la creación del Instituto Nacional de Planificación, el cual se creó con la finalidad de “mejorar las condiciones de vida del pueblo peruano mediante (…) un sistema nacional de planificación que haga más eficaz la acción pública” (D.L. N° 14220); la referencia al concepto de la eficacia, alinea la norma a los conceptos de modernización si consideramos que “la modernización de la gestión pública habla de la relación con el incremento de la eficacia operacional de la administración para cumplir sus funciones institucionales” (Figueroa, Olavarría y Navarrete. 2011).

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